Nota de prensa
La AUI pide que la nueva ley de inteligencia artificial convierta la Carta de Derechos Digitales en garantías reales para los usuarios
La Asociación de Usuarios de Internet reclama enmiendas al proyecto de ley para asegurar transparencia, explicación comprensible, revisión humana efectiva, responsabilidad de las administraciones públicas y una vía sencilla de reclamación para la ciudadanía.
Madrid, 27 de Mayo La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) valora positivamente que España avance en la regulación de la inteligencia artificial, pero considera imprescindible que la futura ley no se limite a ordenar el mercado, distribuir competencias supervisoras o establecer un régimen sancionador. A juicio de la AUI, la norma debe aprovechar su tramitación parlamentaria para incorporar enmiendas que garanticen su plena coherencia con la Carta de Derechos Digitales aprobada por el Gobierno en 2021.
La AUI recuerda que la Carta de Derechos Digitales reconoce principios esenciales como la igualdad y no discriminación en el entorno digital, la transparencia, la protección frente a decisiones automatizadas opacas, la supervisión humana y el derecho a una buena administración digital. Por ello, la nueva regulación de la inteligencia artificial debe convertir esos principios en derechos efectivos, comprensibles y ejercitables por los usuarios.
“La futura ley de inteligencia artificial debe ser la prueba de coherencia de la Carta de Derechos Digitales. Si España proclamó en 2021 unos derechos para la ciudadanía en el entorno digital, ahora debe convertirlos en garantías reales frente al uso de la IA”, señala la Asociación de Usuarios de Internet.
La AUI considera especialmente importante que la ley reconozca el derecho de los ciudadanos a saber cuándo se está utilizando inteligencia artificial en una decisión que les afecta, ya sea en el ámbito público o privado.
Este derecho debería ir acompañado de una explicación clara sobre la finalidad del sistema, los datos utilizados, el nivel de intervención humana y las consecuencias que puede tener para la persona afectada.
Asimismo, la Asociación reclama que se incorpore de forma expresa el derecho a una explicación comprensible y no meramente técnica. En decisiones relacionadas con ayudas públicas, empleo, educación, sanidad, crédito, seguros, justicia, servicios sociales o acceso a servicios esenciales, los usuarios deben poder entender por qué una decisión ha sido adoptada o condicionada por un sistema de IA.
Otra de las enmiendas prioritarias para la AUI es garantizar una revisión humana efectiva. La supervisión humana no puede ser un trámite formal ni una figura meramente nominal. Debe existir una persona u órgano con capacidad real para revisar, corregir o anular una decisión automatizada o asistida por IA cuando afecte a los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos.
La AUI también considera imprescindible reforzar la transparencia en el uso de IA por parte de las administraciones públicas. Para ello, propone que el inventario público de sistemas de inteligencia artificial no sea una simple relación genérica de herramientas, sino que incluya información relevante para la ciudadanía: finalidad del sistema, órgano responsable, proveedor, tipo de datos tratados, nivel de riesgo, evaluaciones de impacto, auditorías realizadas, medidas de supervisión humana y canal de reclamación.
“La inteligencia artificial no debe convertirse en una nueva capa de opacidad entre el ciudadano y sus derechos. Precisamente cuando la IA se utiliza en la Administración, la transparencia y la responsabilidad deben ser máximas”, subraya la AUI.
La Asociación considera especialmente cuestionable que el uso de inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas pueda quedar sometido a un régimen de responsabilidad menos exigente que el aplicable al sector privado. Para la AUI, en ámbitos como ayudas públicas, educación, sanidad, empleo, justicia, servicios sociales o seguridad, donde el ciudadano se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad frente al poder público, deben reforzarse las garantías.
En este sentido, la AUI propone que, aunque no se prevean sanciones económicas entre administraciones, la ley incorpore mecanismos equivalentes y eficaces: suspensión inmediata de sistemas infractores, auditorías obligatorias, publicación de incumplimientos, responsabilidades disciplinarias, reparación de daños e indemnización a las personas afectadas cuando proceda.
La AUI también reclama la creación de una ventanilla única de reclamaciones para los usuarios. La existencia de varias autoridades competentes —en función del sector afectado— no debe convertirse en un laberinto para la ciudadanía. El usuario debe poder reclamar de forma sencilla ante un punto único, que se encargue de redirigir internamente el expediente al organismo competente.
Finalmente, la Asociación pide que la ley refuerce la protección frente a la discriminación algorítmica, especialmente cuando los sistemas de IA puedan afectar a personas mayores, menores, personas con discapacidad, consumidores vulnerables o ciudadanos en situación de dependencia económica, social o administrativa.
Enmiendas prioritarias propuestas por la AUI
La Asociación de Usuarios de Internet plantea que la tramitación parlamentaria incorpore, al menos, las siguientes garantías:
1. Derecho a saber cuándo se utiliza IA en una decisión que afecta al ciudadano.
2. Derecho a una explicación clara, comprensible y útil sobre el funcionamiento y efectos del sistema.
3. Derecho a revisión humana efectiva, con capacidad real de corrección.
4. Inventario público completo de los sistemas de IA utilizados por las administraciones.
5. Auditorías independientes en sistemas de alto riesgo o de impacto significativo sobre derechos.
6. Régimen reforzado de responsabilidad para el sector público.
7. Suspensión de sistemas infractores y reparación efectiva de daños.
8. Ventanilla única de reclamación para los usuarios.
9. Protección específica frente a discriminación algorítmica.
10. Participación de organizaciones de usuarios y sociedad civil en el seguimiento de la norma.
Para la AUI, la regulación de la inteligencia artificial debe tener como eje central la defensa de las personas y no solo la gobernanza tecnológica. La nueva ley debe garantizar que cualquier ciudadano pueda saber cuándo se usa IA sobre él, entender cómo le afecta, reclamar de forma sencilla y obtener reparación cuando se vulneren sus derechos.
“La Carta de Derechos Digitales no puede quedarse en una declaración de principios. La ley de inteligencia artificial debe ser el instrumento que permita hacer efectivos esos derechos en la vida cotidiana de los usuarios”, concluye la Asociación de Usuarios de Internet.
