La UE retendrá los datos de las comunicaciones electrónicas: teléfono e internet

La UE retendrá los datos de las comunicaciones electrónicas: teléfono e internet

Los ministros de Interior de la UE han alcanzado un acuerdo sobre la retención de datos de comunicaciones telefónicas y electrónicas en la lucha contra el terrorismo, con la oposición de tres países.

El Parlamento Europeo ha votado y aprobado la propuesta de directiva de la Unión Europea sobre retención de datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas durante un periodo de entre seis y 24 meses con el fin de incrementar la lucha contra el terrorismo y otros delitos de importancia.

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- Nota de Prensa de la UE (en Ingles)

En primera lectura, y por 378 votos a favor frente a 197 en contra más 30 abstenciones, los europarlamentarios han dado su visto bueno a un paquete de medidas que ya habían sido acordadas por los dos grupos más importantes del Parlamento, y que además contaba con el apoyo de los estados miembros de la UE.

El texto señala que se retendrán los datos relativos a las llamadas telefónicas, incluidas las no atendidas, así como las comunicaciones por Internet.

En cuanto al coste, se rechaza que sean los Estados miembros los que deban asumir el coste extra que la aplicación de esta directiva suponga para las industrias de telecomunicaciones.

Tipo de datos afectados

En el caso de Internet se guardaran las direcciones IP dinámica y estática asignadas por el proveedor de acceso a la conexión, el nombre y dirección del usuario y los datos sobre la hora, fecha y duración de una comunicación.

Uso y protección de los datos

La retención de datos se utilizará para "detección, investigación y persecución" de delitos graves, tal como se definen en la lista recogida en la directiva aprobada en 2002 sobre la orden de detención europea, es decir, los relativos al terrorismo y al crimen organizado.

La directiva permitirá que los Estados impongan sanciones, tanto administrativas como penales, en el caso de que se produzcan infracciones de las disposiciones nacionales que se adopten en aplicación de la nueva normativa comunitaria.

El acceso a los contenidos exige orden Judicial

Además se ha determinado que se conservarán entre 6 y 24 meses las informaciones, a partir de las cuales se podrá saber quién ha hecho la llamada, a quién, desde dónde y la duración, pero no su contenido, al que sólo se puede acceder si hay una orden judicial.

Pero no el acceso a los datos de conexión

Desde la asociación pensamos que estos datos tambien deberían de exigir de una orden judicial previa para poder ser consultados. (Algo que no resta eficiencia puesto que si la situación lo requiere siempre hay recursos para que esta orden este disponible en poco tiempo):

En España el artículo 89.2 del reglamento (ver texto al final de este articulo) de la reciente Ley de Telecomunicaciones, deja abierta la puerta a que los datos de conexión (aunque no la comunicación en sí), puedan ser requeridos por el “agente facultado”, como información previa a la “interceptación legal”. Y dado que cualquier operador de comunicaciones está obligado a disponer los medios técnicos para estas “interceptaciones” y facilitar los datos y el acceso a los mismos, los “agentes” tienen la puerta abierta para cometer cualquer tipo de abuso respecto de los datos de conexión.

Artículo 89 del reglamento. Información previa a la interceptación.

1. En el marco de la investigación legal a requerimiento de la autoridad judicial o cuando así lo determine una norma con rango legal, los sujetos obligados conforme al artículo 85 pondrán a disposición de la autoridad que lleve a cabo dicha investigación, con carácter previo a la interceptación legal, información actualizada relativa a los datos a que hace referencia el artículo 90.

2. Con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación legal, los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado información sobre los servicios y características del sistema de telecomunicación que utilizan los sujetos objeto de la medida de la interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los abonados con sus números de documento nacional de identidad, tarjeta de residencia o pasaporte, en el caso de personas físicas, o denominación y código de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas.

3. Los sujetos obligados conforme al artículo 85 deben tener dispuesta la organización necesaria que garantice el cumplimiento de la orden de interceptación legal en los términos establecidos en el artículo 99. Para ello, deberán identificar la unidad habilitada para recibir una orden de interceptación que les sea notificada y establecer los procedimientos internos para dar soporte a las actuaciones necesarias.

San Judas Tadeo