La CNC advierte que la gestión actual de derechos perjudica a los ciudadanos y al desarrollo de Internet

La CNC advierte que la gestión actual de derechos perjudica a los ciudadanos y al desarrollo de Internet

El documento resulta demoledor en cuanto a la falta de competencia, los expertos consideran que de este mal del monopolio se deriva la «falta de transparencia», «las tarifas inequitativas y/o discriminatorias» y las dificultades de gestión «online» de los derechos

INFORME AEVAL

Informe AEVAL completo

La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios emitió en Mayo de 2009, a petición del consejo de Ministros, este Informe sobre el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.

Muestra que el canon por copia privada tiene un peso específico en los ingresos de las Entidades de Gestión de derechos de propiedad intelectual (20% del total de ingresos; 97,11 millones de euros en 2007) y que los repartos de las cantidades se concentran en muy pocas manos. En concreto, el informe de AEVAL muestra que el 75% de las cantidades repartidas se asigna a los siguientes porcentajes de perceptores:

- SGAE: 1,73% de los perceptores
- CEDRO: 4,32% de los perceptores
- VEGAP: 10,66% de los perceptores
- DAMA: 16,3% de los perceptores
- AIE: 5,68%
- AISGE: 2,59%
- AGEDI: 1,75%
- EGEDA: 4,07%

Esto demuestra que los verdaderos beneficiarios del canon son:

- En primer lugar las propias Entidades de Gestión, que detraen del mismo las correspondientes cantidades por descuento de administración y gestión, más el previsto legalmente para actividades asistenciales, promocionales y de formación (lo que en total supera de media el 30% del importe recaudado por el canon, sin contar las cantidades adicionales pendientes de reparto por no identificación del titular y que finalmente se quedan en la Entidad de Gestión);

- En segundo lugar, unos pocos de sus socios que reciben la mayor parte de los ingresos (por ejemplo, el 1,73% de los perceptores de SGAE, tal y como se demuestra arriba, lo que supone alrededor de 600 asociados).

INFORME DE LA CNC

Informe CNC completo

Reproducimos el resúmen del de la Comisión Nacional de la Competencia publicado por La Razón, que avala las tesís mantenidas por nuestra Asociación en esta materia:

- Intervencionismo administrativo: los expertos de Competencia resaltan que la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) señala la «autorización previa» de Cultura para operar como entidad de gestión. Lo que, según el informe, «introduce un elevado grado de incertidumbre, falta de claridad y subjetividad, y otorga al Ministerio de Cultura un elevado margen de discrecionalidad en la concesión de las autorizaciones que afecta al grado de competencia. Este intervencionismo administrativo permite cerrar el paso a otras formas de gestión colectiva distintas a la actualmente existente y que el mercado puede estar demandando». Cultura tiene la potestad de aprobar o no los estatutos de las entidades de gestión; sin este requisito no pueden constituirse como tales. Por eso mismo sugieren sustituir este sistema por un simple registro.

- Ánimo de lucro: la CNC considera además que estos organismos deberían dejar de ser entidades sin ánimo de lucro y transformarse en cualquier otro tipo de forma jurídica. El documento expone que este requisito «no se justifica» por los derechos gestionados y que tampoco parece lo más adecuado para desarrollar «actividades económico-empresariales».

- Obstáculos para la difusión en la red: «La LPI impone la gestión colectiva obligatoria a través de entidades de gestión más allá de lo que obliga la legislación de la Unión Europea. Esta imposición legal elimina la libertad del titular del derecho para elegir entre la gestión individual o la colectiva (en cualquiera de sus formas materialmente posible), lo que gracias al progreso tecnológico es cada vez más factible, de forma especial en el ámbito online.

-  Representación recíproca: el informe califica de «barreras de entrada estratégicas» la clásula que aparece en los contratos de los artista denominada «acuerdos de representación recíproca», lo que les obliga a que sus derechos en el extranjero sean gestionados por una sociedad que determine su entidad de gestión; esto genera «monopolios nacionales», «falta de transparencia sobre los repertorios gestionados» y «tarifas independientes del uso efectivo».

- Fijación unilateral de tarifas: las entidades fijan, en la mayor parte de los casos, las tarifas que consideran oportunas. Competencia critica que, además de este hecho, no existe «supervisión» efectiva de este hecho a través de «una autoridad competente». Lo que en la práctica ha desencadenado todo un historial de reclamaciones. Además, se critica que «las entidades establecen tarifas distintas para usuarios similares, sin que exista una justificación objetiva y ocasionando una desventaja competitiva», precisa el informe.

- Inoperancia de la Comisión de Propiedad Intelectual: en caso de conflicto por culpa de las tarifas, la auditoría considera que no existe un mecanismo oficial para dirimir las diferencias, pues la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano que debe ocuparse de estos casos según la Ley de Propiedad Intelectual, «no ha sido dotada de las competencias y de las facultades coactivas necesarias».

- Reforma de la ley de propiedad intelectual: la Comisión establece la necesidad de una reforma profunda de la norma para introducir «obligaciones de transparencia», sobre todo, con los repertorios y las negociaciones con los usuarios. También se pretende que se establezcan diversas clases de usuarios teniendo en cuenta el uso efectivo de las obras. Además, se pretende crear un órgano regulador independiente dotado de facultades sancionadoras para solucionar los conflictos relacionados con la remuneración.

- Mayor libertad contractual para los titulares de derechos: con el fin de dotar los contratos de gestión de mayor flexibilidad, la Comisión propone «revisar la regulación relativa a los estatutos de las entidades y a los contratos de gestión con los titulares de los derechos, con el fin de facilitar el cambio de entidad gestora por parte de los titulares».

- Reforma de la ley de propiedad intelectual: «Deberían eliminarse las actuales disposiciones normativas que permiten que, a falta de acuerdo, se apliquen las tarifas generales unilateralmente aprobadas por la entidad de gestión».

Esperamos que el gobierno tome nota de estas recomendaciones que suscribimos en su totalidad.

San Judas Tadeo